Respecto a una resolución del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca que sanciona a un capitán de marina, la sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que la exigencia de un pliego de cargos constituye una carga que la autoridad pública no está en el deber jurídico de soportar, en ejercicio de sus funciones de carácter sancionatorio. Lo anterior en tanto las normas llamadas a regular la actividad pesquera y la normativa administrativa no lo contemplan como una condición sin la cual no es posible adelantar un procedimiento administrativo determinado y que sí es propia de trámites de otra índole (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).