El Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia que sanciona a una abogada con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión por cometer una falta contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos.  Según reseña el proceso disciplinario, la abogada presentó innumerables recursos e incidentes a fin de impedir el remate y entrega de un bien inmueble, prorrogando y dilatando así el normal desarrollo de las diligencias. Pero lo que más reprochó la Sala no fue solamente la presentación de una solicitud de nulidad a sabiendas de su improcedencia, sino el ejercicio profesional por parte de la disciplinada, teniendo en cuenta de que estaba suspendida (M. P. Camilo Montoya Reyes).