La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia que sanciona a un abogado con censura por cometer una falta relacionada con el debido respeto a la administración de justicia. Se trata de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, la cual se configura por injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, juristas y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales. Según reseña el proceso disciplinario, el litigante  emitió expresiones injuriosas y desobligantes contra el operador judicial y sus funcionarios, al existir una presunta mora judicial en un proceso ejecutivo singular, en el que fungía como apoderado de la parte demandante, pues manifestó que le solicitaron dádivas para agilizar la elaboración de la liquidación de las costas ordenadas en la respectiva sentencia. Lo anterior sin aportar prueba alguna que acreditara la existencia de dicha conducta (M. P. María Lourdes Hernández).