La Sección Segunda del Consejo de Estado negó la pretensión de anular la sanción disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación impuso a Inocencio Meléndez Julio, consistente en la destitución e inhabilitación general por el término de 17 años, considerando su participación en el denominado “carrusel de la contratación” cuando se desempeñaba como Director Técnico Legal y Subdirector General Jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Si bien en la demanda se aseguraba que tales decisiones habían sido expedidas de forma irregular, con infracción a las normas en que debían fundarse, con falsa motivación y con desviación de poder, la corporación desechó esos argumentos. De hecho, advirtió que durante el curso de la actuación administrativa le fueron respetadas todas las garantías procesales y sustanciales para ejercer el derecho a la contradicción y defensa (C. P. Carmelo Perdomo).