El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3366 del 2003, que establecen sanciones por infracciones a normas de transporte público terrestre automotor. El alto tribunal recordó que estas disposiciones ya habían sido suspendidas en el 2008, cuando se admitió una demanda contra estas y otras normas del mismo decreto. Por ello, ordenó estarse a lo resuelto en esa providencia (C.P. María Claudia Rojas Lasso).