La prueba de la relación causal entre la intervención médica y el daño sufrido suele ser difícil de obtener, no solo por tratarse de un dato producido durante una práctica científica o técnica, sino porque, generalmente, no queda huella de esa prestación, distinta a la consignada en la historia clínica, que permanece bajo el control de la misma entidad que presta el servicio. El Consejo de Estado advirtió que debido a que no siempre se cuenta con un dictamen serio o concepto pericial pertinente para establecer la relación de causalidad, se admite acudir a reglas de prueba para acreditar de manera indirecta, mediante indicios y reglas de la experiencia de carácter científico, objetivo o estadístico, la responsabilidad de la institución prestadora de ese servicio. Con estos argumentos, la Sección Tercera condenó al Estado por la muerte de un menor que sufrió un paro cardiorrespiratorio después de ser sometido a anestesia general para la práctica de una intervención quirúrgica de bajo riesgo (C.P. Danilo Rojas Betancourth).