La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que para que pueda atribuirse responsabilidad a la administración bajo el título objetivo de riesgo excepcional es necesario que se materialice un riesgo al que haya expuesto a sus funcionarios, empleados, contratistas o particulares, según el caso, con ocasión del desarrollo de actividades peligrosas, tales como el uso de armas de fuego, la conducción de vehículos automotores o la conducción de energía eléctrica. En el caso analizado, se acreditó que la alcaldesa del municipio demandado le encargó a un electricista la realización de unas instalaciones eléctricas en el alumbrado público, hecho que condujo a la recepción de una descarga eléctrica sobre el demandante,  hecho que implicó la materialización del riesgo al que la entidad estatal demandada lo expuso (C.P. Carlos Alberto Zambrano).