Cuando un funcionario es disciplinado debe ser investigado por la autoridad competente, bajo los presupuestos legales que determine el ordenamiento jurídico y conforme a las leyes preexistentes a la conducta que le sea imputada, explicó la Sección Segunda del Consejo de Estado. Así, el procesado puede controvertir, mediante recursos y actuaciones, todas las decisiones que se presenten a lo largo del proceso. En ese orden, para que prospere la nulidad por falta de práctica de una prueba es necesario que quien la solicite demuestre que dicha prueba es indispensable para evitar la vulneración a su derecho de defensa. Pero si en el caso concreto se desconocen los elementos de conducencia, pertinencia, necesidad e importancia de la práctica de la prueba no hay lugar a su decreto, ni tiene la vocación de incidir en un cambio de decisión (C. P. Sandra Lisset Ibarra).