El Consejo de Estado precisó que en actos terroristas contra vehículos de servicio público existe responsabilidad de la administración si se presenta un estado especial de agitación, caracterizado porque el hecho es previsible y las autoridades tienen la obligación de tomar medidas especiales de protección sobre esos vehículos. El Consejo encontró probados estos elementos en un atentado contra un vehículo de servicio público de pasajeros en Piedecuesta (Santander) en 1996, pues para la época de los hechos existían en esa zona circunstancias notorias de inseguridad y constreñimiento por parte de grupos armados insurgentes. De otra parte, aclaró que se presenta una responsabilidad del Estado cuando el hecho del tercero contribuye a la producción del daño antijurídico y la administración no responde a los deberes normativos, como los de prevención de las acciones de quienes buscan desestabilizar el orden democrático (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).