El principio constitucional de solidaridad permite explicar la existencia de la posición de garante en cabeza de quienes actúan en nombre del Estado. Así lo dijo el Consejo de Estado al concluir que esta condición hace responsables a las autoridades estatales no solo por los hechos propios, sino por los actos de terceros, cuando media la participación o complicidad o se hace posible el resultado por la omisión de tomar medidas necesarias para impedirlo. De esta forma, el alto tribunal admitió que esta figura jurídica, propia del derecho penal, también puede ser aplicada en la responsabilidad administrativa. Con estos argumentos, declaró responsable al Ministerio de Defensa por la muerte de una persona, en 1993, a manos de un grupo de limpieza social conocido como los “Doce Apóstoles”, en Yarumal (Antioquia). La corporación encontró probada la participación de miembros de la Policía en los hechos, a través de pruebas indiciarias. Dentro de las medidas restaurativas, el Consejo ordenó la publicación de la providencia en dos diarios de amplia circulación nacional y un acto de reconocimiento público de la responsabilidad por parte del ministerio (C.P. Stella Conto Díaz).