La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado que declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, por el secuestro de 75 militares y 54 policías durante la toma de la base de Miraflores (Guaviare), el 3 de agosto de 1998. El Ministerio Público argumentó que, de acuerdo con el material probatorio, se comprobó que la toma de la base militar fue por causa de la falta de atención de la entidad castrense. “Esta situación demuestra que se menospreciaron las labores de inteligencia de la misma institución y la capacidad del ataque delincuencial de las autodenominadas FARC”, señaló la entidad. Así mismo, manifestó que en este caso confluyen la falla del servicio y el incumplimiento en el deber de resultado, toda vez que no se tomaron las medidas pertinentes para evitar que se concretara el secuestro de los soldados.