El Consejo de Estado negó la suspensión provisional del Decreto 247 del 2010, en el que se permite la localización de servicios de la administración pública distrital en las plazoletas. Según la demanda, las normas sobre la materia solo permiten la construcción de parqueaderos en estas zonas. Además, se considera que la Alcaldía de Bogotá no tuvo en cuenta el procedimiento especial para modificar el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Sin embargo, la Sección Primera no encontró una infracción manifiesta entre el decreto y las normas invocadas como fundamento de la medida, por lo que no accedió a la solicitud. En ese sentido, afirmó que para concluir si existió dicha transgresión se debe analizar en su integridad el decreto acusado y las normas de espacio público, para finalmente establecer si hay una prohibición acerca de la localización de construcciones dentro de las plazas (C.P. María Claudia Rojas Lasso).