La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió el caso de un militar procesado ante la justicia penal militar y que fue absuelto, por lo que pretendía una reparación ante el aparente daño causado con las conductas desplegadas por la entidad demandada, pues, en su criterio, esta situación no le permitió ascender en la carrera militar al grado de general de la República. Sin embargo, la Sala constató que él fue retirado del servicio en virtud de la solicitud que presentó antes de cumplir los cinco años que la ley exigía para sus aspiraciones. Es decir, el actor truncó, por sí mismo, sus aspiraciones de ascenso, por lo que no se configuraron los elementos de la responsabilidad estatal (C. P. Alberto Montaña Plata).