La publicación de actos administrativos es un presupuesto para la eficacia del acto y no para su existencia o validez, es decir, la falta de publicación impide su oponibilidad frente a los administrados. Así lo señaló el Consejo de Estado al concluir que el acto administrativo es válido y obliga a la administración desde cuando se suscribe, aunque no se haya publicado. Con estos argumentos, la Sección Primera advirtió que el Gobernador de la Guajira podía expedir unos decretos, aunque la ordenanza que les daba fundamento no se hubiera publicado. De otra parte, aclaró que no está prohibida la expedición simultánea de normas que se sirvan de fundamento entre sí (C.P. Maria Claudia Rojas Lasso).