El consejero Alberto Yepes presentó su aclaración de voto frente a la decisión de la Sección Quinta que admitió la demanda contra la elección de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pero negó la solicitud provisional de ese acto, porque la violación normativa no era evidente. Al respecto, indicó que al momento de decidir la suspensión provisional solicitada bajo la Ley 1437 del 2011, el juez debe realizar un análisis profundo de la vulneración propuesta y del ordenamiento jurídico, como los principios y valores constituciones aplicables al caso, para que ella no quede al arbitrio del demandante, sin que eso implique prejuzgamiento, pues ese juicio previo de legalidad puede ser desvirtuado. En efecto, la procedencia de la medida cautelar no depende de que la violación sea manifiesta, como lo considera la Sala, afirmó. Además, sostuvo que la presunción de legalidad de los actos de administración puede empezar a desvirtuarse desde la misma admisión de la demanda.