El Consejo de Estado indicó que poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación las anomalías que se presentan en una entidad pública no comporta ningún tipo de responsabilidad. El Consejo aclaró que cuando este informe lo realiza la Contraloría General de la República está actuando en cumplimiento de deberes constitucionales y legales. En el caso concreto, la Sección Tercera aclaró que la afectación al buen nombre de un funcionario que estaba siendo investigado no se había producido con la suspensión en su cargo o los informes de la Contraloría, sino con las publicaciones que los medios de comunicación hicieron del hecho (C.P. Hernán Andrade Rincón).