Este es el modelo de jurisdicción agraria propuesto por el Gobierno (4:41 p.m.)

Con el propósito de establecer mecanismos para la resolución de controversias rurales, el pasado 20 de julio, el Gobierno radicó un proyecto ley que pretende modificar la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia). La propuesta, compuesta por 89 artículos, extiende el principio de gratuidad a los procedimientos de carácter agrario y propone la creación e implementación de dicha especialidad dentro de las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo. Se contempla la creación de salas agrarias y rurales en los tribunales superiores de distrito judicial y en los tribunales administrativos, junto con un órgano de cierre en cada jurisdicción, que serían la Sala de Casación Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Sexta del Consejo de Estado. La reforma prevé que el Consejo Superior de la Judicatura organice estos juzgados de forma que la nueva especialidad inicie su funcionamiento en las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo Final de Paz y posteriormente en todo el territorio nacional. El proyecto incluye el concepto de posible itinerancia de los despachos judiciales.