Las entidades territoriales pueden celebrar contratos de prestación de servicios cuyo objetivo sea la recuperación de títulos de depósito judicial constituidos a órdenes de despachos judiciales o entidades públicas que hubieren iniciado procesos ejecutivos o administrativos de cobro coactivo en su contra, indicó el Ministerio de Hacienda. Dichos acuerdos deben sujetarse a las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública, conformado, entre otras, por las leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1882 del 2018 y sus decretos reglamentarios, así como el Decreto 1082 del 2015 (DUR del Sector Planeación Nacional).