Si bien la caducidad de la acción contractual no opera respecto de asuntos relacionados con bienes de uso público, especialmente cuando se trata del derecho de dominio de los mismos y la legalidad de los actos de adjudicación de baldíos, este término si aplica para los contratos de concesión minera. Lo anterior a pesar de que las áreas concesionadas sean declaradas como de especial protección ambiental. De igual forma, el alto tribunal recordó que para el perfeccionamiento y prueba de este tipo de contratos es necesaria la inscripción del mismo en el Registro Nacional Minero (C. P. Marta Velásquez).