La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió el caso de una seccional de la Fiscalía que abrió investigación preliminar y solicitó a la Policía Nacional que adelantara labores de vigilancia y seguimiento tendientes a desmantelar una organización dedicada a la falsificación y tráfico de moneda extranjera. Con base en ello, decretó el allanamiento y registro de cinco inmuebles que, aparentemente, estaban siendo utilizados para el desarrollo de esa actividad ilícita, entre los que se encontraba el de los demandantes. Finalmente, no se logró acreditar la comisión de un delito, por lo que procedieron a reclamar la indemnización de perjuicios causados en el ejercicio de la función judicial. Sin embargo, la Sala no encontró ninguna irregularidad atribuible a la fuerza pública, pues no se evidenció uso desmedido de la fuerza, por lo que absolvió de responsabilidad a la Policía, pero, a su vez, confirmó la condena impuesta a la Fiscalía General en primera instancia por no ser apelante en el proceso, pese a lo cual redujo el monto de lo que deberá pagar a título de reparación. Consulte el caso completo en la sentencia adjunta (C. P. Carlos Alberto Zambrano).