La facultad de decretar pruebas de oficio no puede considerarse irrestricta o concebirse en términos absolutos; de otra forma, se desdibujaría el equilibrio judicial que gobierna a los litigios y que impone respetar las cargas probatorias procesales que la normativa vigente ha reservado para cada uno de los sujetos que intervienen en esa relación procesal, señaló la Corte Suprema de Justicia. En esa medida, el alto tribunal reiteró que la acusación de no ejercer la mencionada facultad no puede constituirse en un mecanismo imperativo para subsanar la negligencia de las partes (M.P. Margarita Cuello Blanco).