El Consejo de Estado recordó que el Alcalde Mayor de Bogotá es la autoridad competente en materia de transporte en el Distrito Capital y que en este ámbito territorial no tiene otra autoridad que le sea superior. De igual forma, indicó que el servicio de transporte público colectivo de pasajeros está a cargo del ente territorial, pues por ser público tiene el deber y la responsabilidad de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes. Con estos argumentos, el consejo confirmó la legalidad del Decreto 115 del 2003, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, en el que se establecen los criterios de reorganización del transporte público colectivo en el Distrito Capital por la entrada en operación del sistema de transporte masivo Transmilenio (C.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta).