Por ineptitud sustancial, la Corte Constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda contra las normas del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 y del Estatuto Anticorrupción que regulan la contratación de mínima cuantía (Ley 1450 del 2011, art. 274, y Ley 1474 del 2011, art. 94). Según el alto tribunal, el demandante debía explicar por qué la regulación de la contratación estatal de mínima cuantía no guarda relación de conexidad con ninguno de los objetivos y metas generales o los proyectos para llevarlos a cabo, establecidos en las dos leyes demandadas. Señaló que el accionante se limitó a realizar una apreciación subjetiva sin ningún sustento jurídico que desvirtúe la conexidad de la regulación de ese tipo de contratación con los propósitos del plan y con las medidas contra la corrupción implementadas por el Gobierno (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).