Frente a un escrito de la Procuraduría en el que insistía que la jurisdicción contencioso administrativa no debía convertirse en una tercera instancia tendiente a reexaminar hechos y pruebas que lo fueron en el proceso disciplinario, el Consejo de Estado enfatizó, recordando una sentencia de unificación del 2016,  que no es comparable el titular de la acción disciplinaria de naturaleza administrativa con el rango y la investidura de un juez de la República, la cual comporta una revisión constitucional y legal, sin que alguna limitante restrinja la competencia del funcionario judicial, entre otras razones porque la presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier otro (C. P. Carmelo Perdomo).