El daño patrimonial, determinado en decisión de primera instancia, se produjo al destinar recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos, como arrendamientos, gastos de viaje, libros, música ambiental, combustibles y lubricantes, taxis, buses, casino de alimentos y restaurante, entre otros. Se produjo por la disminución de los recursos parafiscales destinados a la prestación de los servicios incluidos en el plan obligatorio de salud (POS), en cuantía de $ 4.989 millones, durante los meses de octubre a diciembre del 2007 y $ 22.872 millones durante el año 2008, lo que arroja un total de $ 27.862 millones, cifra que al ser indexada asciende a $ 38.866 millones. Finalmente, como medida cautelar, la Contraloría decretó el embargo de bienes inmuebles de los responsables fiscales, igual que la retención de dineros depositados en las cuentas bancarias de todos ellos.