La Contraloría General de la República les imputó responsabilidad fiscal al presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez; el vicepresidente de Transporte, Álvaro Castañeda, y el superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la vicepresidencia de Transporte VIT de la misma entidad, Gerardo Iván Mesias Rosas, entre otros funcionarios. Según el ente de control, hubo omisión en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos en cuanto a la responsabilidad que les asistía para adelantar acciones que previnieran la rotura del oleoducto Caño Limón Coveñas el día 11 de diciembre del 2011 en un sector rural del municipio de Chinácota, Norte de Santander.