El Consejo de Estado recordó que los accidentes de tránsito causados por la omisión de la administración en el deber de mantenimiento y señalización de elementos que obstaculizan las vías pueden ser imputados al Estado, siempre que se verifique que la entidad responsable faltó a su deber de vigilancia y control y que no realizó ninguna actuación tendiente a eliminar los obstáculos o a advertir a los transeúntes sobre la existencia de los mismos. En esa medida, aclaró que es deber de los municipios velar por una adecuada administración y señalización de sus vías. El Consejo resaltó que aunque el consumo de bebidas embriagantes es una circunstancia que influye causalmente en la producción de un accidente de tránsito, no tiene la virtud para eliminar totalmente la posibilidad de que el hecho se haya producido por factores diferentes (C.P. Danilo Rojas Betancourth).