El Consejo de Estado declaró improcedente una tutela interpuesta por una persona que fue sancionada por no cumplir su función como jurado de votación para las elecciones del 2006. Aunque el accionante argumentó que estaba incapacitado médicamente para acudir al puesto de votación asignado, la Sección Segunda explicó que la tutela no es el medio para controvertir esas sanciones, sino que dichas decisiones pueden ser sujetas del recurso de nulidad, más si no se está ante un perjuicio irremediable (C. P. Elizabeth García).