El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra los decretos 1755 y 1921 del 2011, en los que se nombró a Cristina Plazas Michelsen como alcaldesa de Bogotá ad hoc para conocer y decidir sobre la presentación de un proyecto de acuerdo que autorice al Distrito Capital para vender su participación accionaria en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Según el demandante, los decretos desconocieron que el Presidente de la República solo está facultado para nombrar alcalde cuando se presenta una falta temporal por suspensión de ese funcionario o cuando se da una falta absoluta a menos de 18 meses de que culmine el periodo para el cual fue designado. Sin embargo, la Sección Quinta negó la suspensión provisional, por no encontrar una flagrante y evidente contradicción con las normas mencionadas por el actor (C.P. Alberto Yepes Barreiro).