La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que el principio de buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario y, por ello, le corresponde a quien lo echa de menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Así, este principio es entendido como la exigencia a los particulares y a las autoridades públicas de ajustar sus comportamientos a una conducta honesta y leal en sus actuaciones. En ese sentido, cuando se trata de un error de la Administración al reconocer un derecho laboral o prestacional a quien no reunía los requisitos legales no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe. Por lo tanto, le corresponde demostrar que el beneficiario no era acreedor del derecho y que recibió los emolumentos de mala fe (C. P. Rafael Francisco Suárez).