El Consejo Superior de la Judicatura excluyó del ejercicio de la profesión a un abogado luego de encontrarlo responsable de haber incurrido en la falta disciplinaria de no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible los dineros recibidos en virtud de la gestión. El profesional faltó a la honradez y a la lealtad que se debe tener con esta profesión, con los ciudadanos y con el ordenamiento jurídico, toda vez que no le informó  a su cliente del recibo de $ 3 millones y no refirió justificación alguna que lo excusara de su actuar. En relación con la drástica sanción, el fallo indica que los actos reprochados no fueron desvirtuados y menos justificados y que registraba varias sanciones disciplinarias, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta. Pero también por “aprovecharse, a título de dolo, de las condiciones de ignorancia e inexperiencia de su cliente”, quien confió plenamente en la gestión encomendada, motivo por el cual la Sala encontró ajustada con los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad la sanción proferida por Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca (M. P. Magda Acosta).