El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión del ejercicio de la profesión de una abogada por infringir varias normas relacionadas con la falta a la honradez y a la debida diligencia. En el caso específico, la litigante fue llamada a juicio disciplinario por demorar casi dos años la iniciación de un proceso laboral de doble instancia, conducta que no tuvo ninguna justificación, pues esta misma confesó la falta. Tampoco entregó una serie de documentos importantes a su cliente, obligándola a obtenerlos nuevamente para contratar los servicios profesionales de otro litigante, desconociendo su deber de actuar con lealtad y honradez con sus relaciones profesionales, agrega el fallo. Finalmente, y en lo atinente a la dosificación de la sanción impuesta en primera instancia, cuatro meses de suspensión, el alto tribunal la mantuvo, por cuanto obedece a un criterio razonado y ponderado la confesión de las conductas y la presencia de antecedentes disciplinarios (M. P. Julia Emma Garzón).