El Consejo de Estado conoció una acción de repetición directa por hechos ocurridos bajo la vigencia de la Ley 678 del 2001. En esta normativa se regularon aspectos esenciales de la acción, entre ellos la consagración de una serie de presunciones legales, que inciden directamente en la carga de la prueba, respecto de la calificación de dolo y culpa grave en la conducta del agente. Sin embargo, el alto tribunal precisó que, por tratarse de presunciones legales, admiten prueba en contrario. De igual forma, indicó que esta figura jurídica es acorde al orden constitucional porque tiende a corregir la desigualdad material en el acceso a la prueba y genera cargas procesales más equitativas para las partes. Por último, recordó que es necesario motivar el acto de desvinculación del funcionario nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, con el fin de proteger el derecho al debido proceso y de defensa (C. P. Ramiro Pazos).