El Consejo Superior de la Judicatura dejó en firme la exclusión de un abogado del ejercicio profesional, al comprobarse que después de cobrar varios meses sus honorarios para representar a su cliente en un proceso contra un hospital por una cirugía mal realizada le envió un oficio manifestándole que no podía continuar ejerciendo su labor por estar suspendido. Según el concepto de la Sala, el profesional del Derecho incumplió con sus deberes profesionales al no interponer la respectiva demanda, y si bien fue sancionado en varias oportunidades (cinco en total) y se podían tener en cuenta esos lapsos frente a la demora de sus deberes, no podía dejar abandonados los procesos, sino que debía buscar opciones para que se diera una representación permanente a su cliente, como, por ejemplo, acudir a la figura de la sustitución de poder (M. P. Julia Emma Garzón).