El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia de exclusión de la profesión de un abogado que incumplió varios deberes profesionales dentro de un proceso ejecutivo laboral. Y es que el disciplinado, sancionado una vez con censura, intervino en actos fraudulentos en detrimento de los intereses de su cliente; guardó silencio en hechos inherentes a la gestión encomendada; no entregó a la menor brevedad posible los dineros recibidos en virtud del proceso y, finalmente, dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de su actuación profesional (M. P. María Lourdes Hernández).