El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda a través de la cual un expatrullero de la Policía Nacional buscaba que se dejara sin efectos la decisión de destituirlo e inhabilitarlo durante 10 años por haber ingerido bebidas alcohólicas estando en servicio. Frente a la supuesta vulneración que sufrió el procesado por no haber sido sometido a una prueba de alcoholemia que demostrara científicamente que ingirió bebidas alcohólicas, el alto tribunal señaló que la violación a esta prohibición también puede ser probada a través de testimonios y otros elementos, que deben ser examinados de manera integral. Como en este caso, cuando se conoció de la conducta no era viable confirmarla o descartarla mediante la prueba de alcoholemia, fue necesario acudir a pruebas testimoniales que, examinadas en conjunto, pusieron en evidencia la ocurrencia de la falta (C. P. William Hernández).