La Corte Suprema de Justicia no admitió una solicitud de nulidad constitucional que pretendía descalificar la facultad oficiosa de un juez que le reconoció efecto adicional a un fallo judicial que anuló autorizaciones de junta directiva, para que la sociedad pudiera promover un juicio de responsabilidad contra su exgerente. A juicio de la Sala Civil, afirmar que la sentencia atenta contra los derechos y garantías constitucionales no es motivo de casación, a pesar de que podría interpretarse como error de Derecho. En este sentido, la corporación reiteró que el recurso extraordinario de casación, en esencia, comporta un juicio de legalidad al fallo censurado y en esa medida las equivocaciones denunciadas por su proponente constituyen el sendero que la Corte debe recorrer para determinar si lo decidido guarda o no conformidad con el ordenamiento, según lo disponen los artículos 368 y 374 del Código de Procedimiento Civil (M. P. Ruth Marina Díaz Rueda).