Teniendo en cuenta que el artículo 594 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso) extendió el principio de inembargabilidad a todos los recursos incorporados en los presupuestos departamentales, distritales o municipales, le corresponde a las administraciones de las entidades territoriales, en ejercicio de la autonomía que les otorga el artículo 287 del Constitución Política, certificar que los recursos que las autoridades judiciales o administrativas pretender embargar contra expresa prohibición legal son inembargables. El Ministerio de Hacienda precisó que esta disposición está vigente y no ha sido condicionada su exequibilidad, por lo que es de imperativo cumplimiento.