La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación respaldaron que la Corte Constitucional le haya cerrado la puerta a las indemnizaciones declaradas por causas relacionadas con conductas ilícitas a favor de los contratistas de las alianzas público privadas (APP). Ello al condicionar el artículo 20 de la Ley de Infraestructura. Los jefes de los entes de control destacaron la advertencia de la Corte, según la cual la corrupción no genera derechos y calificaron la sentencia como una herramienta eficaz en la lucha que “adelantan las instituciones contra el flagelo de la corrupción”.