La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la destitución del cargo e inhabilidad general por 12 años de una jueza municipal con funciones de control de garantías, por conceder una sustitución de prisión intramural por domiciliaria, sin que se reunieran los requisitos legales para conceder dicho beneficio. Igualmente, quedó comprobado que con su conducta la disciplinada desconoció las normas rectoras del procedimiento penal, pues deliberadamente emitió una orden relacionada con una facultad que por expresa disposición legal está conferida a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, tal como lo dispone la Ley 906 del 2004 (M. P. Pedro Alonso Sanabria).