La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años impuesta a un fiscal, tras hallarlo responsable de incurrir, a título de dolo, en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 48 (numeral primero) de la Ley 734 del 2002, en la que se clasifica como falta gravísima la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo. Precisamente, la decisión no solo tuvo en cuenta la condena impuesta al funcionario por el delito de concusión, luego de que se acreditara que, a cambio de dinero, ofreció favorecer a una persona investigada por enriquecimiento ilícito, sino que, además, reprochó el abuso del poder funcional que le otorgaba el cargo público que ejercía (M. P. Alejandro Meza).