El Consejo Superior de la Judicatura sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años a una fiscal bogotana que de manera intencional suspendió la acción penal por existir una conciliación; no obstante, omitió seguir la investigación de un delito de estafa. Así, centró su proceder en la verificación del acuerdo conciliatorio, sin valorar los elementos materiales de prueba y evidencia física recaudados hasta ese momento (M. P. Camilo Montoya  Reyes).