La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura precisó que frente al término de prescripción de la sanción por demorar la iniciación o continuación de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias, descuidarlas o abandonarlas, propias de la actuación de los profesionales en Derecho, debe tenerse en cuenta que dicha conducta ha sido considerada tanto para la doctrina como para la jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, es decir, “se proyecta hasta cuando al togado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia”. Lo anterior para significar que cuando el abogado se compromete con una representación judicial se obliga a realizar en su oportunidad diligencias procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos confiados por su defendido, situación que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales e intelectuales para el efecto (C.P. Angelino Lizcano).