El Consejo Superior de la Judicatura, a través de una circular reciente, señaló que todos los jueces de la República están obligados, previo al estudio de los casos que lleguen a sus despachos, consultar los antecedentes disciplinarios de los litigantes que representan a las partes. Lo anterior con el fin de que los abogados no incurran en la falta consagrada en el artículo 39 de la Ley 1123 del 2007, la cual se configura cuando hay ejercicio ilegal de la profesión y se violan las disposiciones legales que establece el régimen de incompatibilidades, particularmente la que contempla que no pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos, los litigantes que se encuentren suspendidos o excluidos.