La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de censura impuesta a un abogado, luego de encontrarlo como responsable de la falta consagrada en el artículo 33 numeral 2º de la Ley 1123 del 2007, en la que se reprocha la promoción de actuaciones manifiestamente contrarias a derecho. Justamente, la corporación pudo constatar que el profesional del Derecho instauró una demanda igual a otra que él mismo había promovido, sin considerar que ya existía una decisión ejecutoriada de segunda instancia. La sanción por intentar pasar por alto el instituto de la cosa juzgada, a juicio de la corporación, es necesaria, pertinente y proporcional, si se tiene en cuenta la mala imagen que genera la presente conducta en los profesionales del derecho (M. P. Carlos Mario Cano).