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En sentencia del pasado 9 de marzo, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1653 del 2013, que reformó el arancel judicial. Según el alto tribunal, la norma afectaba de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia y vulneraba el principio de equidad. Con la decisión, recobró vigencia la Ley 1394 del 2010, que regulaba esta contribución, prevista en la Ley 1285 del 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). ÁMBITO JURÍDICO explica los aspectos más relevantes de esta figura.