Si las entidades públicas no tienen certeza de la fecha a partir de la cual sus empleados presentan renuncia a sus cargos, el acto de aceptación podría ser expedido por fuera del término de 30 días previsto en los decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, lo que invalidaría cualquier decisión que la administración adopte en relación con una renuncia de e