La Corte Constitucional amparó los derechos de dos menores de edad y los de la madre al debido proceso y a vivir una vida libre de violencia frente a la determinación de un juez de adoptar un régimen de custodia compartida sin considerar la denuncia penal por violencia sexual que pesaba sobre el padre.

El alto tribunal precisó que la autoridad judicial cuestionada se equivocó por insuficiente valoración del material probatorio al omitir valorar adecuadamente, entre otros aspectos, el contexto asociado a la denuncia penal y a la activación de la ruta institucional frente a posibles situaciones de violencia sexual contra menores.

Adicionalmente, resaltó la necesidad de incorporar enfoque de género en la valoración probatoria y analizar el contexto de alta conflictividad familiar y reiterada judicialización de las controversias entre progenitores, como elemento relevante para la adopción de decisiones orientadas por el interés superior de los menores.

Se ordenó al juzgado accionado adoptar una nueva decisión en la que realice una valoración integral del material probatorio, teniendo en cuenta tanto el contexto de la investigación penal en curso como las circunstancias familiares y educativas relevantes del caso y la incorporación de un enfoque de género en la apreciación del expediente.

Además, a adoptar la nueva decisión, la accionada deberá evaluar la pertinencia de adoptar medidas adicionales de restablecimiento de derechos, como aquellas de carácter pedagógico o de orientación familiar, orientadas a prevenir la persistencia del conflicto entre progenitores y a garantizar la protección integral de los menores y la madre (M. P. Vladimir Fernández Andrade).

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp. 

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.