Reforma a la Fiscalía

Omar Eduardo Gil Ordóñez

Coordinador Área de Capacitación y Desarrollo del Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga

El pasado 26 de octubre, la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, radicó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca otorgarle al Presidente de la República facultades extraordinarias pro tempore que le permitan reformar la Fiscalía General de la Nación, proyecto para cuyo trámite se enviará mensaje de urgencia que se encamina a lograr la expedición de la norma antes del cierre legislativo de este año.

Con la iniciativa propuesta, conocida como el Proyecto de Ley 193/12 Cámara, se pretende obtener la herramienta jurídica expedita para hacer “una seria modificación a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de hacerla más eficiente y operativa”, para lo cual se quiere que el Presidente de los colombianos tenga facultades extraordinarias, por el término de seis meses, que le permitan expedir normas con fuerza de ley encaminadas a (i) modificar y definir la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía y sus servidores; (ii) modificar la planta de personal creando, suprimiendo o modificando los empleos a que haya lugar; (iii) expedir el régimen de carrera especial de la Fiscalía y de sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores; y (iv) crear un establecimiento público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía, cuyo objetivo será capacitar y formar para la investigación penal y criminalística.

El proyecto de ley, que surge de un trabajo conjunto de la Cartera de Justicia y la Fiscalía, materializa una vez más el apoyo ofrecido por el Ejecutivo Nacional a Eduardo Montealegre Lynett al momento de su posesión como Fiscal General de la Nación, pues, como se lo dijera el presidente Santos al entonces nuevo Fiscal en aquella ocasión: “si a usted le va bien, a nosotros nos va bien”.

Y como la meta es que a todos nos vaya bien, es necesario que este sea un primer paso en la senda de los cambios que muchos vienen reclamando con sobrada razón. Es de lógica elemental que tras casi ocho años de tener en marcha la Ley 906 del 2004, la estructura organizacional y funcional de la Fiscalía sea puesta a tono con el modelo de administración de justicia penal que adoptó el país por virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre del 2002.

De la pretendida reforma que seguramente terminará haciendo el Ejecutivo, es muy positivo, loable e interesante que por fin se piense con seriedad en la formación profesional especializada de fiscales e investigadores judiciales, para lo cual se quiere crear “un establecimiento público de orden nacional cuyo objetivo sea capacitar y formar para la investigación penal y criminalística”; pero ojalá que estos cambios, que estas modificaciones sean producto del consenso y de la opinión de todos quienes tengan argumentos para hacer aportes serios y no de unos pocos que sean llamados a participar de las reformas por estar cerca o pertenecer a los llamados “círculos del poder”.

Para que a todos nos vaya bien, estamos a las puertas de una inminente reforma en lo estructural y formativo de la Fiscalía. Un cambio que seguramente será realidad en el segundo semestre del 2013 y al que sin dilaciones le deben seguir otros más, pues no basta ni bastará únicamente con las modificaciones de naturaleza administrativa. También se requieren algunas reformas en el plano de lo jurídico, para hacer más justo, más equitativo, más garantista y absolutamente respetuoso del debido proceso el modelo de investigación y juzgamiento que en materia penal tiene Colombia.

Bienvenida sea entonces la pretendida reforma a la casa de los acusadores, pero para que el trabajo no se quede a medias, para que en efecto sea completo, pensemos con seriedad y responsabilidad en modificar en lo necesario la ley procesal penal. Seguro que así, a todos nos irá bien.