En materia de escrache, la Corte Constitucional recordó que cuando la víctima es quien realiza afirmaciones sobre violencia de género su libertad de expresión prevalece sobre el derecho al buen nombre del denunciado, por lo que es deber del juez analizar el contexto de violencia y no generar consecuencias inmediatas en su contra.

El alto tribunal amparó los derechos al debido proceso, aplicación de perspectiva de género y a vivir una vida libre de violencias de una mujer que presentó acción de tutela contra un juzgado y una comisaría de familia, en el marco de una solicitud de medida de protección interpuesta por el padre de su hijo frente a publicaciones hechas por ella en redes sociales. (Lea: Ordenar rectificar una publicación sobre violencia sexual contra la mujer podría revictimizar)

Al resolver de fondo la solicitud de medida de protección, las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos de la accionante, pues omitieron la interpretación constitucional de las denuncias por violencia de género como un discurso constitucionalmente protegido y le impusieron una sanción de multa reconvertida en arresto.

La Sala hizo un llamado al respeto y la rigurosidad que compete a las autoridades judiciales cuando una mujer denuncia que ha sufrido actos de violencia. Las mujeres deben tener la plena certeza de que su caso será tomado con interés y exhaustividad por parte de las autoridades, a quienes la ley ha designado la importante labor de prevenir, investigar y sancionar estos hechos (M. P. Vladimir Fernández Andrade).

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